AVANZA DIÁLOGO CON SCJN PARA RESOLVER LÍMITES TERRITORIALES EN COMUNIDADES WIXARITARI

Con el propósito de dar seguimiento a la controversia constitucional relacionada con los límites territoriales entre ambas entidades en el municipio de Mezquitic, el Gobierno del Estado de Jalisco sostuvo un diálogo institucional con autoridades del Gobierno de Nayarit y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reunión, convocada por Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, contó con la participación de Iván Ricardo Chávez Gómez, subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, consejera jurídica del estado, y Óscar Zaragoza Cerón, director general de Asuntos Agrarios del estado, además de funcionarios del Gobierno de Nayarit. El encuentro se centró en la revisión de la controversia constitucional que actualmente está en estudio por la SCJN, sobre la delimitación territorial en la zona wixárika de Jalisco. El gobierno estatal subrayó su interés en priorizar el respeto y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, particularmente de la comunidad de San Andrés Cohamiata. La falta de definición jurídica en torno a estos límites originó, desde 2018, diversas controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte; todas ellas vinculadas con la delimitación de la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata. En mayo de 2025 el Gobierno de Jalisco denunció la vulneración de la soberanía estatal y la transgresión a lo establecido en la controversia constitucional 108/2018, lo que afectó al menos a 12 localidades de la comunidad. Esta situación motivó la interposición de nuevas controversias constitucionales, generando tensión e incertidumbre en las comunidades wixaritari asentadas en territorio jalisciense, y reavivando la exigencia de certeza jurídica y resolución pacífica. Uno de los principales acuerdos alcanzados fue el compromiso, del ministro presidente de la SCJN, de realizar un análisis exhaustivo de las actuaciones y pruebas presentadas por ambos estados. Se estableció programar una nueva fecha de seguimiento, para revisar los estados procesales del juicio y desahogar las pruebas pendientes. Con ello, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con el diálogo, la coordinación interinstitucional, la legalidad y la defensa de los derechos de los pueblos originarios, privilegiando siempre el respeto y la búsqueda de una solución justa y pacífica a este conflicto histórico.

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